La Suprema Corte de Brasil confirmó en agosto de 2026 una sentencia que autoriza a las comunidades indígenas Cinta Larga a explorar y extraer minerales en cuatro territorios bajo un marco regulatorio temporal, mientras el Congreso Nacional tiene 24 meses para legislar sobre minería en tierras indígenas. La decisión del magistrado Flávio Dino, emitida originalmente en marzo de 2025 y ratificada recientemente, reconoce un vacío legislativo de décadas en Brasil. Aunque la Constitución de 1988 estableció que la minería en territorios indígenas requiere autorización del Congreso y debe beneficiar a las comunidades afectadas, la legislación específica nunca fue aprobada.
El marco temporal establecido por la Corte permite la exploración y minería en los territorios de la población Cinta Larga en los estados de Rondônia y Mato Grosso bajo condiciones específicas. El régimen incluye requisitos que protegen tanto los derechos indígenas como el ambiente: consulta previa obligatoria con las comunidades sobre proyectos de exploración, autorizaciones múltiples, limitación territorial, participación en ingresos y destino de fondos para seguridad, producción sostenible, recuperación ambiental, salud, educación y sustentabilidad. Además, la sentencia exige que las comunidades se organicen en cooperativas y que se realicen estudios sobre impacto ambiental y recuperación durante y después de la exploración.
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