El Segundo Tribunal Ambiental realizó una audiencia en la reclamación presentada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) contra el decreto supremo que declaró el Parque Nacional Desierto Florido en la comuna de Copiapó, región de Atacama. La causa busca anular esta designación ambiental que afecta derechos mineros en el territorio. La Sonami cuestiona la falta de motivación técnica en la definición del polígono del parque, señalando que el informe de Conaf de 2022 omitió considerar elementos del informe técnico elaborado en 2021 y realizó cálculos incompletos sobre el aumento de protección vegetacional para las alternativas de delimitación.
Un punto crítico en la demanda es que el decreto adoptó un polígono 13.643 hectáreas más extenso que el propuesto por Conaf, sin justificación técnica explícita. La gremio minera también cuestiona la afectación de derechos mineros constitucionalmente protegidos, sosteniendo que la concesión minera es un derecho real e inmueble amparado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución y el artículo 6° de la Ley Nº 18.097. El ministerio demandado sostiene que su decreto está ajustado a derecho y responde a un proceso técnico de más de dos décadas, explicando que se cumplieron todos los requisitos legales exigibles.
Comparte tus comentarios