Riesgos regulatorios y sociales frenan más de US$ 54.000 millones en la minería de América Latina

Las complejidades regulatorias, los litigios, los conflictos comunitarios y los problemas de seguridad han costado o paralizado más de US$ 54.000 millones en la industria minera de América Latina desde 2018, según un análisis elaborado por Americas Market Intelligence (AMI). El balance dimensiona cómo las condiciones sobre superficie resultan determinantes para que los recursos minerales logren transformarse en faenas productivas operativas. De acuerdo con las estimaciones de AMI, cerca de US$ 38.000 millones corresponden a pérdidas documentadas, sanciones, acuerdos extrajudiciales y desvalorizaciones de activos, destacando entre ellos el acuerdo por US$ 31.700 millones asociado al colapso del tranque Mariana en Brasil. Los restantes US$ 16.000 millones representan capital congelado en iniciativas detenidas o postergadas, incluyendo unos US$ 7.000 millones en proyectos cupríferos en Perú y otros US$ 4.000 millones repartidos en tres faenas paralizadas por tramitación ambiental en México.

Especialistas geopolíticos y del sector coinciden en que la 'certeza de ejecución' se ha convertido en el principal desafío para la región. Este concepto trasciende los calendarios administrativos de aprobación de permisos, exigiendo además una legitimidad institucional y social que logre sostenerse durante décadas para evitar la vulnerabilidad estructural de los activos. La naturaleza de estas trabas varía según la jurisdicción: Pese a las cifras acumuladas, los analistas descartan que exista una fuga generalizada de capitales fuera del continente. En su lugar, las compañías mineras globales están aplicando criterios de asignación de capital más selectivos en un momento donde los gobiernos compiten internacionalmente por asegurar el suministro de minerales para la transición energética.