La judicialización de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable se ha consolidado como un factor crítico que afecta la inversión en minería, energía e infraestructura en Chile. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, elevando a 67 las causas en tramitación vinculadas a 59 proyectos por US$10.655 millones, según monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, caracteriza el fenómeno como un problema estructural que ha sobrepasado la capacidad de resolución institucional. Estos procesos pueden demorarse más de dos años entre el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, generando una incertidumbre que reduce drásticamente la previsibilidad sobre cuándo un proyecto obtiene autorización definitiva.
Para la minería, el costo de oportunidad es especialmente severo. Galaz señala que las buenas oportunidades comerciales en minería no son permanentes y deben aprovecharse dentro de sus ventanas de máxima demanda internacional. En el contexto actual de buenos precios del cobre y creciente demanda por minerales críticos, los retrasos implican pérdida de actividad económica, recaudación, producción, empleo y también que otros países ocupen espacios estratégicos en mercados vinculados a la transición energética. El problema no radica en la existencia de mecanismos de revisión judicial, sino en que una aprobación ambiental quede sometida durante años a nuevas instancias de reclamación, impactando negativamente la certeza jurídica necesaria para que inversores tomen decisiones de capital.
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