La minería ilegal de oro se ha convertido en una amenaza crítica para la estabilidad del Estado peruano, advirtió Gustavo De Vinatea Bellatin, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante una mesa técnica convocada en el Congreso de la República el 29 de octubre de 2026. De Vinatea presentó cifras alarmantes sobre la magnitud del problema: la producción ilegal de oro se estima en 110 toneladas anuales, una cifra que supera lo exportado por la minería formal peruana. El especialista advirtió que esta expansión no solo compromete el desarrollo de la minería formal, sino que genera impactos sociales y ambientales irreversibles.
El gerente general del IIMP alertó sobre las consecuencias directas de esta actividad ilícita: contaminación por mercurio en fuentes de agua, afectación a la salud de poblaciones y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Aún más preocupante, señaló que en distritos con mayor presencia de minería ilegal, los homicidios por cada 100.000 habitantes pueden superar hasta un 45% el promedio nacional. Frente a este escenario, De Vinatea enfatizó el valor de la minería formal: representa alrededor del 10% del PBI peruano, aporta más del 66% de las exportaciones y genera 290.000 empleos directos formales, además de más de un millón y medio de empleos indirectos.
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