La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició formalmente la discusión del proyecto que apunta a mejorar la competencia y perfeccionar el mercado del gas licuado en Chile. Aunque la iniciativa ingresó en 2023, recién en octubre de 2026 comenzó su tramitación activa, impulsada por un diagnóstico crítico de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que identifica distorsiones estructurales en el sector. El fundamento central del proyecto es contundente: existe baja intensidad competitiva y alto riesgo de coordinación entre competidores mayoristas, lo que impacta directamente en el precio final del gas licuado para los consumidores.
Según el informe de la FNE citado en la discusión legislativa, hacia 2021 los usuarios finales pagaban un sobreprecio anual equivalente a 181 millones de dólares producto de estas ineficiencias del mercado. El problema se agrava por la integración vertical completa de los mayoristas hasta el consumidor final. Las empresas imponen cláusulas de exclusividad e incentivos comerciales en sus contratos con distribuidores minoristas, generando rigidez agregada considerable en el mercado nacional y limitando las opciones competitivas.
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