El Segundo Tribunal Ambiental llevó a cabo una audiencia para analizar la reclamación presentada por un grupo de personas naturales en contra de la declaratoria de interés nacional de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, proyecto desarrollado por Rucalhue Energía SpA en la región del Biobío. La controversia se centra en si la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aplicó correctamente los criterios de excepcionalidad establecidos en la Ley Nº 20.283, que permite declarar obras de interés nacional en territorios con restricciones ambientales.
El tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores (presidenta subrogante), Cristián López Montecinos y Paula Rodriguez Fondón, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los abogados Francisco Astorga Cárcamo, en representación de los reclamantes, cuestionan que Conaf no cumplió el Criterio N° 3 de la Guía de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley Nº 20.283, que exige vincular el proyecto con políticas de desarrollo sostenible. Según los reclamantes, la autoridad solo demostró que el proyecto generará energía, sin presentar antecedentes sobre su alineación con sostenibilidad integral.