El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile regula el desarrollo de proyectos mineros transfronterizos que requieren operar simultáneamente en ambos países. Suscrito el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta, y sancionado por el Congreso argentino como Ley 25.243 el 23 de marzo de 2000, el acuerdo establece un marco jurídico que coordina infraestructura, tránsito de personal, aspectos aduaneros, tributarios y operativos para facilitar estos emprendimientos binacionales. A diferencia de lo que suele creerse, el Tratado no se aplica de manera automática. Cada proyecto interesado debe solicitar expresamente su incorporación al régimen y atravesar un proceso de evaluación técnica y legal en ambos países.
Durante ese procedimiento intervienen organismos técnicos, legales, aduaneros, migratorios y ambientales de Argentina y Chile, que analizan si el proyecto reúne las condiciones necesarias para acceder a los beneficios previstos por el acuerdo. Si la evaluación resulta favorable, se elabora un Protocolo Adicional Específico (PAE), documento que establece las condiciones bajo las cuales podrá desarrollarse la operación minera. La aprobación final corresponde a la Comisión Administradora Binacional, máxima autoridad del Tratado, integrada exclusivamente por representantes de ambos Estados.