La petrolera estatal brasileña Petrobras ha decidido congelar los estudios de ingeniería para la construcción de un gasoducto de U S$ 1.000 millones, el cual estaba destinado a transportar gas natural desde sus yacimientos en aguas profundas frente a las costas del estado de Sergipe. Esta decisión se tomó en respuesta a la incertidumbre generada por una propuesta regulatoria del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La propuesta, elaborada por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), busca obligar a los grandes productores a subastar cuotas de su producción a terceros, lo que podría impactar también en proyectos de la noruega Equinor. El borrador del nuevo marco normativo de la ANP será presentado públicamente para iniciar un periodo de consulta con los actores del mercado, previo a la votación del directorio del organismo regulador. Si se aprueba, el esquema de subastas obligatorias para grandes productores podría entrar en vigor durante 2027.
La iniciativa ha generado una fuerte reacción entre las operadoras privadas y estatales. Fuentes de la industria advierten que la medida no incrementará la oferta total de gas en el país, sino que simplemente redistribuirá volúmenes existentes, afectando la certeza jurídica de los contratos. Desde la firma noruega Equinor se enfatizó que la previsibilidad regulatoria y la estabilidad de las reglas del juego resultan esenciales para autorizar proyectos que demandan inversiones multimillonarias y plazos de desarrollo superiores a una década.