El sector minero peruano consolida una cartera estratégica de inversiones proyectada en US$ 64.000 millones, distribuida en 66 proyectos de exploración y desarrollo abarcando 19 departamentos del país. Sin embargo, la materialización de este potencial convive con un escenario de alta tensión social en los territorios extractivos. De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo actualizados a junio de 2026, el país contabiliza 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 corresponden a causas socioambientales directamente ligadas a la actividad minera.
La gestión de esta conflictividad representa el principal condicionante para la sostenibilidad del sector. Frente a este escenario, la subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, Jimena Sologuren, planteó que la prioridad de la industria no debe ser la asistencia coyuntural, sino la construcción de capacidades autónomas. "El reto es convertir las inversiones en desarrollo sostenible que permanezca en los territorios", señaló. La contribución macroeconómica de la minería peruana se refleja en las transferencias de capital hacia el Fisco. Durante 2025, la actividad generó más de S/ 10.045 millones al presupuesto nacional por concepto de canon minero, regalías y derechos de vigencia.