Atraer nuevas inversiones mineras representa apenas el primer paso para aprovechar el potencial del Perú. El verdadero desafío consiste en garantizar que los recursos generados por esta actividad se traduzcan efectivamente en desarrollo territorial y mejora de la calidad de vida de la población. Así lo sostuvo Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien enfatizó que la discusión sobre minería debe trascender la cifra de inversión o los montos que reciben los territorios para enfocarse en impacto real.
Ortiz destacó proyectos como Coroccohuayco, en Cusco, como evidencia de la capacidad peruana para generar nuevas inversiones a partir de operaciones que ya cuentan con infraestructura, experiencia y conocimiento territorial establecido. La iniciativa contempla una inversión cercana a US$ 1.800 millones y podría extender por más de 25 años la actividad minera vinculada a Antapaccay, en la provincia de Espinar. "Es inversión, producción de cobre, empleo y oportunidades para proveedores, pero también la posibilidad de sostener durante décadas una actividad económica que genere recursos para la región y el país", señaló el titular del IIMP.
El presidente del IIMP remarcó que aprovechando este tipo de oportunidades, el Perú puede responder a una demanda mundial de cobre que continuará creciendo en los próximos años. Sin embargo, advirtió que para concretar inversiones de largo plazo se requieren condiciones específicas: predictibilidad, reglas claras, procedimientos eficientes y un Estado capaz de acompañar la inversión responsable, manteniendo estándares ambientales y sociales correspondientes.
Ortiz explicó que más allá de empleo directo, canon y regalías, la actividad minera puede contribuir a mejorar servicios esenciales como agua y saneamiento, educación, salud e infraestructura, así como ampliar oportunidades económicas en regiones. Para concretar esto, consideró necesario fortalecer las capacidades de gobiernos regionales y locales, promover mecanismos como Obras por Impuestos e impulsar el desarrollo de proveedores y capacidades locales. Estas herramientas, sostuvo, pueden contribuir a que la presencia minera deje un legado que trascienda la vida útil de una operación.
Ortiz también resaltó la importancia de preservar la institucionalidad que sustenta la inversión minera. En referencia a controversias recientes en torno al plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, sostuvo que cualquier propuesta relacionada con minería debe respetar competencias institucionales y estar sustentada en criterios técnicos. "Es positivo que las observaciones formuladas hayan permitido corregir aspectos cuestionados del documento", indicó, remarcando que el Congreso tiene un rol fundamental de fiscalización y legislación, pero este debe ejercerse preservando la seguridad jurídica y confianza necesaria para invertir.
Finalmente, el titular del IIMP señaló que el Perú cuenta con recursos minerales significativos, operaciones de gran escala y una oportunidad internacional que debe aprovecharse. El reto, sostuvo, es convertir ese potencial en nuevas inversiones mientras se asegura que sus beneficios se traduzcan en desarrollo ciudadano. "Necesitamos proyectos que avancen, territorios que progresen e instituciones sólidas que generen confianza. Esa es la minería que debemos construir para las próximas décadas", concluyó Ortiz.