La política minera en México registra un giro operativo relevante. Entre noviembre de 2025 y julio de 2026, la administración federal autorizó cinco nuevos proyectos extractivos en cuatro entidades del país, tras validar el cumplimiento de criterios socioambientales. Las iniciativas, distribuidas en Durango, Jalisco, Sonora y Zacatecas, representan una inyección de capital combinada por 2,500 millones de dólares. El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Pedro Rivero González, destacó que la apertura del diálogo institucional con la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido destrabar la parálisis operativa del sector, aportando certidumbre jurídica a los flujos de inversión.
La Secretaría de Economía fundamentó la aprobación de los proyectos en la verificación directa de estándares de sostenibilidad. Como parte del proceso de evaluación previa, entre agosto y diciembre de 2025 la dependencia realizó cinco visitas de supervisión social y ambiental a los sitios proyectados, coordinando diagnósticos locales para encausar la inversión social en infraestructura comunitaria prioritaria. De forma complementaria, las autoridades federales brindaron soporte técnico para agilizar el procesamiento de 70 expedientes ambientales vinculados a 48 unidades mineras operativas. Esta medida, aplicada en 12 estados —incluidos Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas—, permitió regularizar procesos productivos bajo la normativa ecológica vigente.