Con su publicación oficial en el Diario Oficial, comenzó a regir la Ley de Protección Tarifaria, conocida institucionalmente como 'Ordenemos la Cuenta'. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía, fue despachada por el Congreso Nacional tras contar con aprobación unánime en el Senado y una amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, estableciendo un nuevo marco regulatorio para saldar las deudas del sector distribuidor sin trasladar aumentos tarifarios abruptos a los clientes finales.
La normativa busca estructurar un esquema gradual para regularizar los saldos pendientes acumulados con las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, contener el impacto de las tarifas en los presupuestos familiares y mantener el beneficio estatal del subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables. Uno de los ejes técnicos centrales de la ley es la reprogramación de los pagos asociados a los atrasos acumulados en los decretos del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondientes al periodo 2020-2024. La ley dispone que la liquidación de dichos montos pendientes por parte de las empresas distribuidoras se ejecute de manera diferida en un plazo extendido entre los años 2028 y 2035.