El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) ha emitido una advertencia crítica sobre la necesidad de que el Estado garantice simultáneamente el cumplimiento de la ley y la generación de condiciones para la inversión minera formal frente al avance de la minería ilegal en territorios peruanos. Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, señaló que el país enfrenta un desafío dual: proteger 66 proyectos mineros en cartera valorizados en más de US$ 64.000 millones mientras contiene el expansionismo de economías ilícitas en zonas como Tambopata.
En su columna "La ilegalidad no puede ganarle terreno a la inversión" del Semáforo Minero, Ortiz explicó que "la inversión formal necesita reglas claras y un Estado que cumpla su papel de facilitador y garante del cumplimiento de la ley". Según el dirigente gremial, cada proyecto que logra avanzar genera oportunidades de empleo, desarrollo de proveedores locales, mayores ingresos fiscales y dinamismo económico territorial. Por ello, enfatizó la importancia de que Perú transforme su potencial minero en inversiones efectivas mediante decisiones oportunas y predecibles.