Ecuador ha elevado formalmente la minería ilegal a la categoría de amenaza de seguridad nacional tras concluir que organizaciones criminales han infiltrado sistemáticamente la cadena de suministro de oro del país, desde la extracción hasta la exportación. El Plan de Seguridad Nacional 2026-2029 del gobierno clasifica la minería ilegal como un desafío estratégico de seguridad nacional, no meramente como un asunto ambiental o regulatorio. El documento identifica a Los Lobos como la organización criminal dominante en la minería ilegal ecuatoriana, operando en toda la cadena de valor del oro, incluyendo extracción, mezcla con metal producido legalmente y exportaciones a través de los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar.
Las autoridades señalan que el metal producido ilícitamente se mezcla sistemáticamente con la producción legítima antes de ingresar a mercados formales, permitiendo que grupos criminales laven ganancias del tráfico de drogas. El Plan de Seguridad Nacional también vincula la minería ilegal al robo de combustible, señalando que el diésel robado alimenta equipos de extracción en sitios de minería ilícita. El gobierno busca desarticular el 88 por ciento de estructuras del crimen organizado para 2029.