La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha priorizado la reapertura del yacimiento aurífero Crucitas, poniendo en jaque una de las políticas de minería metálica más restrictivas de América Latina. Fernández, quien asumió el cargo el 8 de mayo, incluyó el proyecto de ley 24.717 en la agenda legislativa apenas cuatro días después de su toma de posesión. La medida permitiría exploración y minería de oro en el distrito de Cutris de San Carlos, hogar del depósito Crucitas en una extensión de 84.800 hectáreas, mientras se mantiene la prohibición nacional sobre minería de metales a cielo abierto.
El debate se centra en si el estado puede gestionar la extracción mineral más efectivamente que las redes ilegales que operan en la región. La legislación propuesta asignaría concesiones mineras mediante subastas públicas y establecería una regalía mínima del 5% sobre ventas brutas de minerales. Sin embargo, el desplazamiento exitoso de minería ilegal requiere medidas más amplias, incluyendo control territorial y oportunidades económicas alternativas para personas dependientes de minería informal.