El proyecto minero-portuario Dominga experimentó un giro definitivo en tribunales luego de que su titular, Andes Iron SpA, presentara un escrito formal ante la Corte Suprema para desistirse de los recursos de casación en la forma y en el fondo que mantenía en curso. La ofensiva judicial de la compañía buscaba revertir el fallo dictado en febrero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que ratificó la decisión del Comité de Ministros de calificar desfavorablemente la iniciativa.
A esta medida se sumó el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, entidad que también formalizó el desistimiento íntegro de sus propios recursos de casación en la misma causa. En sus respectivas presentaciones, las partes invocaron la facultad legal de disponer libremente del medio de impugnación deducido. El proceso en el máximo tribunal ya se encontraba 'en acuerdo', fase procesal donde la decisión de los ministros está tomada y solo resta la redacción de la sentencia.
Con la vía judicial finalizada, la viabilidad del proyecto de hierro y cobre, ubicado en la comuna de La Higuera, queda acotada exclusivamente a los procesos administrativos. Recientemente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitió a trámite una solicitud de invalidación vinculada a la denegación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga. Esta admisión abre la posibilidad técnica de que el expediente sea evaluado nuevamente por la institucionalidad ambiental, trasladando la discusión sobre los impactos y medidas de mitigación desde el sistema de justicia hacia las autoridades sectoriales.
El cambio de estrategia legal de Andes Iron ocurre en medio de cuestionamientos operativos. Semanas atrás, la empresa anunció el inicio de obras en la zona de emplazamiento, pese a carecer de los permisos ambientales definitivos. El avance de estas labores motivó fiscalizaciones en terreno. Informes emitidos por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) constataron el corte no autorizado y la destrucción de vegetación nativa protegida dentro del área de influencia de la faena. Estos hallazgos levantaron alertas sobre el cumplimiento regulatorio de la compañía, debido a que las intervenciones se ejecutaron sin los permisos sectoriales correspondientes mientras el proyecto aún se encontraba judicializado.